Salario Mínimo en Guatemala en 2026: Monto, Beneficiarios e Implicaciones

Monto oficial del salario mínimo en 2026

Muchos ciudadanos se preguntan de cuánto es el salario mínimo en Guatemala en 2026 y a cuánto asciende el salario mínimo en Guatemala según las fuentes oficiales más recientes. A partir del 1 de enero de 2026, Guatemala implementó nuevos salarios mínimos fijados por el Acuerdo Gubernativo 256-2025, diferenciados por sector económico y región (circunscripción económica). En la Circunscripción Económica 1 (Departamento de Guatemala) y Circunscripción 2 (resto del país) se aplican las siguientes tarifas diarias y mensuales para cada actividad:

• Actividades Agrícolas:
  • C1 (Depto. de Guatemala): Q124.64 diarios (≈ Q3,791.20 al mes).
  • C2 (Otros departamentos): Q119.21 diarios (≈ Q3,625.89 mensuales).
• Actividades No Agrícolas:
  • C1: Q131.58 diarios (≈ Q4,002.28 al mes).
  • C2: Q125.49 diarios (≈ Q3,816.90 mensuales).
• Exportaciones y Maquila:
  • C1: Q112.10 diarios (≈ Q3,409.73 al mes).
  • C2: Q105.90 diarios (≈ Q3,321.10 mensuales).

Estas cifras ascienden a los montos oficiales más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo y están vigentes durante todo el año 2026. Cabe destacar que a estos salarios base debe sumarse la Bonificación Incentivo de Q250 mensuales establecida por ley, la cual el empleador debe pagar adicionalmente a todos los trabajadores que ganan el mínimo.

Comparación con años anteriores

El aumento del salario mínimo en 2026 viene precedido por incrementos significativos en años recientes. Para el año 2025, el Gobierno otorgó un alza general del 10% en las actividades agrícolas y no agrícolas, y del 6% en exportación/maquila. Como resultado, en 2025 el salario mensual (sin incluir bonificación) se situó en Q3,723.05 para la actividad no agrícola en la circunscripción 1, Q3,593.55 para la agrícola, y Q3,278.59 para maquila (con montos ligeramente menores en la circunscripción 2). En comparación, los nuevos salarios de 2026 representan aumentos más moderados: 7.5% de incremento para las actividades no agrícolas, 5.5% para las agrícolas, y 4% para exportadoras/maquila, aplicados por igual tanto en la capital como en departamentos.

Este ajuste para 2026 sigue al fuerte incremento de 2025, de modo que en conjunto el salario mínimo acumuló una subida cercana al 18% en dos años (en el sector no agrícola) desde el inicio del actual gobierno. Por ejemplo, el salario no agrícola mensual en la ciudad pasó de Q3,723 en 2025 a Q4,002 en 2026, reflejando esa mejora gradual. No obstante, pese a estos aumentos, persiste la inquietud de si el salario mínimo mantiene el ritmo del costo de vida: en 2024-2025 la inflación anual fue relativamente baja, pero el alza del 10% aquel año superó ampliamente el crecimiento económico, y el ajuste de 2026 nuevamente excede la tasa de crecimiento económico del país. Esto indica un esfuerzo por mejorar el ingreso real de los trabajadores, aunque también genera debate sobre la sostenibilidad de incrementos tan superiores al crecimiento productivo.

Beneficios del aumento y sectores favorecidos

¿A quién beneficia el aumento del salario mínimo? Principalmente, a los trabajadores de menores ingresos que devengan esta remuneración base en el sector formal de la economía. El Gobierno ha indicado que el ajuste salarial busca “mejorar el nivel de vida de las familias trabajadoras” y avanzar hacia un salario más digno. En particular, los empleados de actividades no agrícolas (como comercio, servicios y manufactura urbana) obtuvieron el mayor incremento porcentual (7.5%), lo que eleva sus ingresos mensuales a alrededor de Q4,252 con la bonificación incluida. Este grupo –que abarca a una gran parte de trabajadores urbanos– resulta significativamente favorecido al ganar unos Q279 adicionales al mes respecto al año anterior. Del mismo modo, los trabajadores agrícolas (típicamente en áreas rurales) ahora ganan aproximadamente Q3,875 mensuales con bonificación, gracias a un aumento del 5.5%, lo que representa un alivio para sus economías familiares en un contexto donde los ingresos rurales son tradicionalmente bajos. Por su parte, el sector de maquila y exportaciones recibe un ajuste más modesto (4%), situando el salario mínimo mensual alrededor de Q3,571 con la bonificación; este aumento menor se justificó para proteger el empleo en industrias orientadas a exportación, según las autoridades.

En teoría, el incremento salarial debería beneficiar no solo a los trabajadores individuales sino también a sus hogares, aumentando su poder adquisitivo. Con mayores ingresos disponibles, estos trabajadores pueden consumir más bienes y servicios básicos, lo que a su vez dinamiza las economías locales. De hecho, se espera que el aumento contribuya a que las familias puedan afrontar mejor gastos esenciales como alimentación, educación y salud. Según el presidente Bernardo Arévalo, la medida se basó en análisis técnicos de inflación y costo de la canasta básica, para asegurar que los hogares no pierdan poder de compra y puedan compartir los frutos del crecimiento económico reciente. En otras palabras, “este año nuestra economía ha crecido y con ella tienen que crecer las oportunidades para las familias guatemaltecas”, afirmó el Ministerio de Trabajo al anunciar la política.

No obstante, el alcance real de estos beneficios tiene sus límites. En Guatemala, se estima que más del 70% de la población ocupada trabaja en la informalidad, donde el salario mínimo legal no siempre se respeta. Esto significa que una gran proporción de trabajadores (por ejemplo, muchos jornaleros agrícolas, trabajadores por cuenta propia o empleados informales en comercios) no recibe directamente el nuevo salario mínimo, por lo que el aumento no mejora sus ingresos de manera inmediata. Además, incluso para quienes sí ganan el mínimo en el sector formal, el sueldo sigue siendo insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar en zonas urbanas. Por ejemplo, en noviembre de 2025 se calculó que una familia urbana de 5 miembros necesitaba alrededor de Q4,631 al mes solo para la canasta básica alimentaria. El salario mínimo urbano de 2026 (aprox. Q4,252 incluyendo la bonificación) aún no alcanza para cubrir por completo ese costo con un solo perceptor, lo que obliga a que al menos dos miembros del hogar trabajen para cubrir la dieta básica. Si se consideran además gastos de vivienda, transporte, vestimenta y otros esenciales (la canasta ampliada), la brecha es todavía mayor, especialmente en la ciudad. En síntesis, el aumento beneficia a los trabajadores formales de bajos ingresos al mejorar su situación, pero no elimina las dificultades económicas de muchas familias ni cierra totalmente la brecha con el costo de la vida.

Implicaciones económicas y opiniones de expertos

El alza al salario mínimo en 2026 ha tenido implicaciones económicas y sociales que generan un debate intenso entre distintos sectores del país. Por un lado, el Gobierno y sectores pro-laborales sostienen que el aumento era necesario para proteger el poder adquisitivo y comienza a corregir rezagos históricos en la remuneración de los trabajadores. Por otro lado, representantes del empresariado y algunos analistas manifiestan preocupaciones sobre posibles efectos adversos. A continuación, resumimos las opiniones y análisis más destacados:

• Visión del sector empresarial: Organizaciones empresariales han mostrado reservas e incluso rechazo al incremento. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) señaló que sumando los aumentos de los dos últimos años, el ajuste acumulado es “muy alto” y podría desincentivar la formalidad laboral en el país. En un comunicado oficial, CACIF rechazó el incremento por “carecer de sustento técnico” y por ignorar los posibles efectos negativos en el empleo formal. De igual forma, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó el aumento como “una decisión política disfrazada de protección social”, afirmando que está desconectado de la productividad real del país. La CIG advierte que un salario mínimo elevado, en relación con la baja productividad de muchos negocios, encarece los costos laborales y dificulta la contratación, especialmente afectando a más de 218 mil micro, pequeñas y medianas empresas. La Cámara del Agro (Camagro) también expresó que el ajuste de 5.5% para la agricultura “no guarda proporción” con el crecimiento económico del sector (estimado en solo 1.8% en 2025) ni con la capacidad real de las fincas para absorber mayores costos. Según Camagro, considerando las prestaciones laborales obligatorias, el impacto efectivo sobre los empleadores agrícolas sería cercano al 8%, en un contexto ya marcado por altos costos logísticos (deterioro vial, congestión portuaria, etc.). Estas entidades temen que, si los salarios mínimos suben por decreto más allá de la productividad, se fomente la informalidad (empresas que optan por no registrar empleados o reducir planillas) y se frene la generación de nuevos empleos formales, lo que en el largo plazo perjudicaría a la economía.
• Perspectiva de sectores exportadores: Curiosamente, dentro del sector privado hubo voces con una opinión diferente en el ámbito exportador. Representantes de la industria de maquila y vestuario consideraron acertado el enfoque más moderado para su ramo. Alejandro Ceballos, vicepresidente de VESTEX (Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles), calificó como “valiente” la decisión gubernamental de fijar solo un 4% de aumento para el sector exportador/maquila. Según Ceballos, el presidente enfrentó presiones para establecer un porcentaje más alto, pero al mantenerlo en un nivel prudente “se salvan muchísimos empleos” en dichas industrias. Este vocero afirmó que la medida demuestra apoyo a las exportaciones y está basada en indicadores de productividad e inflación, por lo que la consideran una decisión correcta y necesaria para no perder competitividad. De hecho, comentó que el 4% decidido es apenas un poco mayor al 3.5% que el sector había propuesto técnicamente, y se mantiene dentro de rangos manejables para las empresas. Esta visión sugiere que, al menos para las maquilas, el beneficio del aumento moderado es evitar despidos y mantener inversiones en Guatemala, priorizando la estabilidad del empleo existente.
• Postura del sector laboral y análisis sociales: Los representantes de los trabajadores, si bien celebran cualquier mejora, consideran que el aumento se quedó corto respecto a sus aspiraciones. Franky Pozuelos, delegado del sector laboral en la Comisión Nacional del Salario, indicó que esperaban un 10% de alza uniforme para todas las actividades en 2026, similar al ajuste otorgado el año anterior. Los sindicatos argumentan que, dada la inflación acumulada y el encarecimiento de la vida, se requerían porcentajes mayores especialmente en agricultura y maquila, que son sectores donde el salario mínimo apenas cubre las necesidades básicas. Aunque reconocen como positivo que en 2026 se aplicaran criterios similares en ambas circunscripciones (es decir, que la capital y el interior reciban los mismos porcentajes de aumento, evitando disparidades regionales), siguen insistiendo en que el salario mínimo actual no cubre la canasta básica vital. De hecho, algunos actores políticos han respaldado esta postura: el diputado Orlando Blanco opinó que el incremento debió ser de al menos 10% para evitar que los salarios siguieran rezagados frente a la canasta básica, y calculó que haría falta hasta 18% de aumento para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Esta opinión se basa en evidencia del Instituto Nacional de Estadística que muestra la amplia brecha entre el salario mínimo vigente y el costo de la canasta básica de alimentos, especialmente en el área urbana. Organizaciones sociales y estudios independientes también han aportado análisis críticos: un informe de Oxfam Guatemala (2024) señaló que el problema salarial en el país es estructural y no se resuelve solo con incrementos anuales. Dicho estudio documenta que el crecimiento económico de la última década no se ha traducido en mejoras sostenidas de los ingresos laborales, evidenciando una desconexión entre la productividad y los salarios reales. Asimismo, resalta que en el sector formal guatemalteco las empresas concentran cerca del 80% del valor agregado, mientras los salarios representan menos del 20% –una proporción más baja que en otros países de la región–, lo que refleja desigualdad en la distribución de la riqueza generada. Desde esta perspectiva, elevar el salario mínimo es un paso positivo para los trabajadores, pero no basta por sí solo: deberá complementarse con mayores aumentos de productividad, formalización del empleo y políticas que aborden la desigualdad, para que el progreso económico se refleje más equitativamente en los bolsillos de la población.

En conclusión, el salario mínimo en Guatemala en 2026 quedó establecido en montos que oscilan entre Q3,321 y Q4,002 al mes (según sector y región), lo que representa un incremento moderado pero significativo con respecto al año previo. ¿A quién beneficia el aumento del salario mínimo? Sin duda a decenas de miles de trabajadores formales de bajos ingresos y sus familias, quienes percibirán un ingreso ligeramente mayor que podría mejorar su calidad de vida en el corto plazo. También podría impulsar el consumo interno en ciertas comunidades al haber más poder de compra en manos de los trabajadores. Sin embargo, el impacto real tiene matices: la mayoría de la fuerza laboral sigue al margen de estos beneficios por la alta informalidad, y algunos empresarios advierten riesgos de competitividad y empleo asociados a incrementos salariales por decreto. Las implicaciones económicas y sociales del alza del mínimo en 2026, por tanto, son mixtas. Por un lado, se avanza en proteger al trabajador y reducir (aunque sea parcialmente) la brecha entre su salario y el costo de la vida; por otro lado, queda el desafío de fomentar un crecimiento económico más inclusivo donde los salarios puedan aumentar de forma sostenible sin generar distorsiones. El debate entre un salario mínimo justo y los posibles efectos en la economía formal continúa, pero lo cierto es que en 2026 Guatemala ha dado un paso adicional buscando equilibrar ambas prioridades: mejorar el ingreso de quienes menos ganan, sin descuidar la estabilidad económica a largo plazo.

Fuentes: Acuerdo Gub. 256-2025, Ministerio de Trabajo (Diario de Centro América); Agencia Guatemalteca de Noticias; Prensa Libre; Prensa Comunitaria; UFM Market Trends.